Juan José Martín Álvarez (San Martín del Rey Aurelio, 1962), es un hombre bregado en la gestión de la administración de Justicia. Hijo de un juez de paz y secretario judicial de profesión desde hace 20 años -la mayor parte en Vilagarcía-, hace tres que se hizo cargo por segunda vez de la Dirección Xeral de Xustiza, después de haber asumido el cargo por primera vez hace diez. Dos meses atrás se incorporó como vocal al consejo rector de la Agencia para la Modernización de la Justicia. La pasada semana participó con el conselleiro Alfonso Rueda en la conferencia intersectorial de la Justicia.
-La reforma judicial en marcha es lo más parecido a la remodelación de un viejo caserón de varias plantas con los inquilinos dentro. El proyecto ya ha pasado por las manos de tres ministros en diez años. ¿En qué fase estamos de la obra?
-Estamos en la mitad de la obra. Ya están puestos los cimientos y los pilares básicos.
-¿Qué se ha hecho y qué es lo que falta?
-Estos últimos años se han hecho reformas desde el punto de vista organizativo. Se había llegado a la conclusión de que solo con la creación de más juzgados no se resolvía la sobrecarga de trabajo existente y que lo que había que cambiar era el sistema de trabajo. Se reformaron algunas leyes procesales y se puso en marcha la nueva oficina judicial.
-¿Con qué resultados?
-A día de hoy hay unas cuantas experiencias piloto en marcha a partir de las cuales ya se tiene claro que hay que repensar el modelo de la nueva oficina judicial. Los servicios comunes están funcionando, pero las unidades de apoyo al juez y lo que llamamos unidades de ordenación del procedimiento no, porque no existe una herramienta informática y hay que seguir moviendo los expedientes en carritos.
-¿Dónde estamos ahora?
-Estamos en la fase de implantación de los tribunales de instancia, lo que supone poner en común a todos los jueces de un mismo partido judicial y así lograr un reparto mas equilibrado de la carga de trabajo. En paralelo se está poniendo en marcha un proceso de desjudicialización que pasa competencias a los notarios, a los registradores y a los propios secretarios judiciales.
-De la herencia del ministro Caamaño, ¿qué es lo que vale y qué es lo que no?
-En lo que está en marcha pienso que no va a haber ningún tipo de rectificación, ya que estamos ante un modelo flexible que se puede adaptar a cada territorio según sus necesidades.
- No parece muy factible aplicar el resto de las reformas sin cambiar antes la las demarcaciones judiciales. ¿Es asumible para la Xunta la propuesta que reduce a 13 las 45 actuales?
-Es llamativo que Galicia tenga 45 partidos judiciales, casi tantos como Cataluña o Andalucía, que tienen mucha mas población y territorio. Se viene hablando de esto desde hace mucho tiempo, lo que ocurre es que la iniciativa legislativa es competencia del ministerio. Se nos dijo claramente en la conferencia que ya existe una comisión que tiene encomendada la elaboración de un proyecto de ley. Lo que nos tranquilizó a todos fue que el ministro se comprometió a que ese texto articulado será revisado con los representantes de cada una de las comunidades.
-¿Y el el caso de Galicia?
-El mapa definitivo hay que pensarlo y repensarlo bien, porque tenemos una geografía irregularmente comunicada. Lo que sí tenemos claro es que si no se cierran las actuales sedes judiciales y si no hay que construir otras nuevas, la reforma organizativa nos parece bien. El mapa concreto que proponen habrá que editarlo caso por caso. De entrada, se nota que está hecho desde Madrid, un poco a tiralíneas.
-¿Sería factible formar partidos judiciales con municipios de distintas provincias?
-Eso tropieza con problemas legales porque la organización territorial se basa en las provincias. Habría que cambiar no solo la ley de planta de demarcación, también la del Poder Judicial y ambas son leyes orgánicas. Eso obligaría a cambiar también la territorialidad de las audiencias provinciales.
-Con la decisión del ministerio de financiar la justicia gratuita con las nuevas tasas, ¿cuánto ahorrará la hacienda gallega?
-No mucho. Pagará el ministerio directamente con cargo a esa partida, pero nosotros tendremos que retornarle el 80 % calculado sobre el volumen de gasto real del 2011.
-¿Cuánto se gasta en Galicia?
-El año pasado, 11 millones de euros, pero para este ejercicio presupuestamos 10 millones.
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