28/02/2012.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se reunió el pasado jueves 23 de febrero con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y con los decanos de los Colegios de Abogados, los presidentes de los Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados y los consejeros electivos del CGAE, que al día siguiente tuvieron reunión en Pleno.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía y al que también asistieron el subsecretario del Ministerio de Justicia, Juan Bravo, y la directora del Gabinete del ministro, Cristina Coto, sirvió para que Ruiz-Gallardón compartiera con los representantes de los abogados los proyectos del Ministerio para lograr una transformación de la Justicia. El ministro -ante la insostenibilidad del actual sistema judicial debido a la elevada litigiosidad- defendió la búsqueda conjunta de soluciones, pero comprometiéndose a garantizar la tutela judicial efectiva.
A la propuesta de la Abogacía sobre la regulación mediante una ley orgánica del derecho de defensa, el ministro respondió que el Ministerio tenía en proyecto una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que el ejercicio del derecho de defensa estaría recogido como un título propio.
DERECHO DE DEFENSA Y LOPJ
Gallardón defendió que el derecho de defensa debe tener la máxima regulación y que es mejor su regulación a través de una ley orgánica que no como legislación independiente.
Respecto a la aplicación de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador, el ministro coincidió con la Abogacía en que sólo con la licenciatura no hay habilitación para ejercer como abogado. Defendió su propuesta para que los alumnos matriculados en Derecho en 2006 queden exentos de realizar el curso de postgrado.
La norma aprobada ya hace casi seis años va por el camino adecuado, sin embargo es necesario resolver el problema generado por su disposición transitoria. El ministro reconoció las disfunciones que pueden ocasionar las tasas para la realización del máster, sobre todo en el ámbito de las Universidades Públicas. Aseguró que están trabajando con el Ministerio de Educación para dar una solución a estos problemas.
DIVORCIOS ANTE NOTARIO Y HABILITACIÓN DE AGOSTO
Otro de los aspectos abordados por el ministro fue la puesta en marcha de medidas para potenciar las soluciones extrajudiciales. Los jueces tienen que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero la Constitución no les exige que sean ellos los que ejecuten las sentencias, sino hacer que se ejecuten.
El ministro reconoció la importancia de otros actores -en referencia a los procuradores- para delegar en ellos la ejecución de las sentencias y reducir de esta forma la carga judicial.
También aseguró que los letrados seguirán interviniendo en los divorcios, tanto si se resuelven ante un juez como si se tramitan ante un notario. Por ello, no habrá una merma de trabajo para los 160.000 colegiados que existen en la actualidad.
Ruiz-Gallardón también trasladó a la Abogacía su compromiso para que la Justicia sea un factor de competitividad y evitar que millones de euros queden paralizados en procedimientos judiciales, sobre todo en asuntos mercantiles, durante el mes de agosto.
Uno de los factores de competitividad más importante de un Estado es la seguridad de su sistema judicial. El ministro destacó que España tiene un índice de percepción de corrupción muy bajo, pero también tenemos un índice muy bajo de eficiencia de las decisiones judiciales.
El Ministerio no pretende una habilitación completa del mes de agosto, sino que se busque entre todos un sistema que evite perjuicios para las partes y garantice a los inversores extranjeros que la actividad judicial tiene una respuesta por parte de los tribunales, aseguró el titular del Departamento ante el requerimiento de la Abogacía.
CONFIANZA EN EL SISTEMA ACTUAL DE JUSTICIA GRATUITA
El ministro aseguró que iba a seguir confiando a los Colegios de Abogados la gestión del Servicio de Justicia Gratuita y trasladó a los asistentes la necesidad de racionalizar y homogeneizar criterios en la asignación de este derecho constitucional al acceso a la tutela judicial efectiva. Constató que existe una diferencia de criterios entre los diferentes territorios con competencias en Justicia y una dificultad en las comunidades autónomas para seguir atendiendo estas cargas.
El ministro confirmó su propósito de proceder a una revisión de las condiciones de acceso de los ciudadanos más desfavorecidos a la Justicia Gratuita cuando sus beneficiados recurran ante una segunda instancia.
En las futuras conferencias sectoriales sobre Justicia Gratuita con las comunidades autónomas con competencias en esta materia, el Ministerio tiene la intención de que el Consejo General de la Abogacía participe como invitado a través de un representante.
TASAS Y RECURSOS
En el polémico tema de la eliminación de recursos procesales, Gallardón aseguró que no había intención de suprimir segundas instancias, sino todo lo contrario. En materia penal habrá una segunda instancia en la que los Tribunales Superiores de Justicia asumirán más competencias.
El propósito es eliminar maniobras dilatorias, pero sólo las tramitadas ante el mismo órgano judicial, que producen un considerable retraso en la Administración de Justicia. Ante la misma instancia habrá una limitación en la presentación de recursos, aseguró el ministro.
Respecto a las tasas judiciales, Gallardón defendió su aplicación en la segunda instancia. Cuando existe una revisión, para el Ministerio es prioritario regular de forma inmediata una norma que imponga una tasa y que se devuelva al ciudadano si obtiene la razón en su recurso. El titular del Departamento anunció que esta regulación se va a realizar de forma inmediata.
Gallardón, quien reconoció los avances tecnológicos de la Abogacía, mostró su apuesta por el expediente judicial electrónico y su compromiso por hacer compatibles los sistemas tecnológicos de la Administración de Justicia. Reconoció que el CGAE tiene que estar integrado en esta compatibilidad asegurando que la abogacía ya había anticipado este recorrido y la Administración tiene que tener en cuenta este trabajo.
La modernización judicial también debe contar con la desaparición paulatina de los juzgados unipersonales y su sustitución por tribunales colegiados de instancia. Por ello, reconoció el ministro, vamos hacia la supresión de muchos partidos judiciales, vamos hacia la especialización de los jueces y magistrados y hacia un sistema en el que desaparece el concepto de oficina judicial -funcionarios y material- adscrito a un único juez.
Una de las grandes apuestas de Gallardón para esta legislatura es la puesta en marcha de un código mercantil con la finalidad de conseguir una unidad de mercado. La nueva regulación mercantil compilará toda la legislación y atenderá a la defensa del principio de unidad de mercado. Se pretende acotar las competencias invadidas por la legislación autonómica que son propias de la normativa civil.
Finalmente, Gallardón se dirigió a los 100 consejeros del CGAE para asegurarles que los abogados no sólo deben ser meros colaboradores de la Justicia, sino auténticos cómplices para buscar parámetros de eficiencia en el funcionamiento de la Administración judicial. Defendió su compromiso para reducir la litigiosidad judicial, buscar mecanismos de resolución alternativos al judicial y "pretendo hacerlo con los abogados".
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