La Consellería de Presidencia quiere que la sede actual se limite a la jurisdicción penal
NICOLÁS DAVILA - PONTEVEDRA El segundo edificio judicial de A Parda, que estará disponible aproximadamente en 2016, debe ser diseñado con una altura máxima de siete plantas (similar al actual) para albergar al menos 25 juzgados y tendrá que estar unido físicamente al ya existente mediante una pasarela aérea y otra subterránea. Su ejecución y puesta en funcionamiento permitirá destinar el Palacio de Justicia de Rosalía de Castro únicamente a secciones de la Audiencia Provincial, mientras que el actual edificio de A Parda se especializará en la jurisdicción penal. Así se establece, a grandes rasgos, en las condiciones con las que la Consellería de Presidencia licita la redacción del proyecto constructivo de este futuro inmueble. Este proyecto técnico estará disponible en enero de 2013 aproximadamente y debe establecer un presupuesto estimativo de 20 millones de euros.
La obligación básica de la futura sede es "reagrupar todos los juzgados y generar espacio suficiente para los próximos años". Al respecto, se explica que "en la actualidad las sedes judiciales de Pontevedra se encuentran dispersas en la Audiencia Provincial (cuatro secciones, cuatro juzgados de lo social y dos de lo mercantil), en un edificio de la calle Germán Adrio (tres juzgados del contencioso administrativo) y en la sede A Parda, con quince juzgados además del de guardia, la Fiscalía y el Decanato". Añade que "ante esta saturación, el nuevo edificio deberá acoger los tres juzgados del contencioso administrativo situados en el edificio de Germán Adrio y los seis de la Audiencia. Además de esto, la previsión es que en el actual edificio de A Parda quede solamente la jurisdicción penal", por lo que "deberá de proyectarse para contener un mínimo de 25 unidades judiciales".
Otra de las condiciones es "conseguir una agrupación de las dos sedes judiciales, la existente y la futura, generando para ello un único acceso a los servicios judiciales y una conexión tanto soterrada como aérea entre las dos infraestructuras de tal manera que las edificaciones funcionen como una sola". Esta "unidad" es una constante en las exigencias que se le plantean a la consultora que diseñe el edificio, que debe "distar de ser una construcción de carácter independiente al que ahora existe, sino que viene a ampliar y complementar las infraestructuras actuales. Por eso deberá proyectarse teniendo en cuenta la posibilidad de un único acceso para el total de la infraestructura judicial, estableciéndose una conexión tanto aérea como soterrada, lo que debe minimizar los requisitos de seguridad y ahorrar innecesarios traslados por el exterior de los edificios".
Los aspirantes a elaborar el proyecto, que percibirán una retribución máxima de 392.000 euros por su trabajo, disponen hasta el 9 de abril para presentar sus ofertas y de un plazo posterior de ocho meses para diseñar y proyectar el edificio, que debe huir del "viejo y rígido diseño de la oficina judicial" para apostar por un "cambio del enfoque" y obtener "una oficina judicial flexible, ágil y eficaz, tendiendo hacia edificios de los denominados arquitectónicamente ligeros, o más diáfanos posible, de tal manera que se tenga una amplia vista de todos los servicios y facilite su compresión. En este sentido, se piensa en generar unos servicios comunes procesales, que presten sus servicios a todas las jurisdicciones" en materia de registro y reparto, actos de comunicación y de información".
La obligación básica de la futura sede es "reagrupar todos los juzgados y generar espacio suficiente para los próximos años". Al respecto, se explica que "en la actualidad las sedes judiciales de Pontevedra se encuentran dispersas en la Audiencia Provincial (cuatro secciones, cuatro juzgados de lo social y dos de lo mercantil), en un edificio de la calle Germán Adrio (tres juzgados del contencioso administrativo) y en la sede A Parda, con quince juzgados además del de guardia, la Fiscalía y el Decanato". Añade que "ante esta saturación, el nuevo edificio deberá acoger los tres juzgados del contencioso administrativo situados en el edificio de Germán Adrio y los seis de la Audiencia. Además de esto, la previsión es que en el actual edificio de A Parda quede solamente la jurisdicción penal", por lo que "deberá de proyectarse para contener un mínimo de 25 unidades judiciales".
Otra de las condiciones es "conseguir una agrupación de las dos sedes judiciales, la existente y la futura, generando para ello un único acceso a los servicios judiciales y una conexión tanto soterrada como aérea entre las dos infraestructuras de tal manera que las edificaciones funcionen como una sola". Esta "unidad" es una constante en las exigencias que se le plantean a la consultora que diseñe el edificio, que debe "distar de ser una construcción de carácter independiente al que ahora existe, sino que viene a ampliar y complementar las infraestructuras actuales. Por eso deberá proyectarse teniendo en cuenta la posibilidad de un único acceso para el total de la infraestructura judicial, estableciéndose una conexión tanto aérea como soterrada, lo que debe minimizar los requisitos de seguridad y ahorrar innecesarios traslados por el exterior de los edificios".
Los aspirantes a elaborar el proyecto, que percibirán una retribución máxima de 392.000 euros por su trabajo, disponen hasta el 9 de abril para presentar sus ofertas y de un plazo posterior de ocho meses para diseñar y proyectar el edificio, que debe huir del "viejo y rígido diseño de la oficina judicial" para apostar por un "cambio del enfoque" y obtener "una oficina judicial flexible, ágil y eficaz, tendiendo hacia edificios de los denominados arquitectónicamente ligeros, o más diáfanos posible, de tal manera que se tenga una amplia vista de todos los servicios y facilite su compresión. En este sentido, se piensa en generar unos servicios comunes procesales, que presten sus servicios a todas las jurisdicciones" en materia de registro y reparto, actos de comunicación y de información".
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