"No existe diálogo con los empleados públicos" por parte del Gobierno gallego, que "está imponiendo medidas sin más" a través de unas relaciones laborales en el sector público que "no tienen precedente" y que suponen "prácticamente la vuelta al franquismo". Así se refirió al proyecto de ley de ajustes sobre los funcionarios -que previsiblemente será aprobado el próximo martes en el Parlamento por lectura única- el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en Galicia, José Francisco Méndez Castro, reelegido en el cargo con más del 90% de los votos de los 150 compromisarios reunidos ayer, en Santiago, en el VI congreso autonómico.
Méndez, que compareció en rueda de prensa acompañado por el presidente de la central a nivel estatal, Miguel Borra Izquierdo, emplazó a esperar a que se conozca el texto "definitivo y completo" de la ley para decidir "si es viable su impugnación o no" antes de adoptar medidas judiciales. No obstante, señaló que los servicios jurídicos del sindicato están analizando cuestiones como las relativas a la incapacidad temporal, que pueden no ser competencia del Gobierno autonómico.
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