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Piden que se suspenda la puesta en marcha en otros ciudades hasta resolver los problemas
DB / BURGOS
Ya no son solo los funcionarios quienes cuestionan el funcionamiento de la nueva Oficina Judicial. Aunque el presidente del TSJ, José Luis Concepción, y la jueza decana, Blanca Subiñas, ya mostraron su preocupación el pasado mes por la marcha del nuevo modelo organizativo, fue ayer cuando una asociación de magistrados criticó la «paralización» del servicio.
La sección Territorial de Castilla y León de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) envió ayer un comunicado de prensa a los medios para mostrar públicamente «su preocupación por la situación creada en la Administración de Justicia de Burgos ante la forma en que se está desarrollando la implantación de la nueva Oficina Judicial».
Las disfunciones que se han producido en la Oficina Judicial «han ido de forma continuada mucho más allá de lo previsible», lamentan. Y no solo en cuestiones informáticas, sino jurídico procesales y de estructuración de la plantilla. Desde la puesta en marcha el pasado día 10 de noviembre, el servicio «se encuentra prácticamente paralizado». Con él «se ha incrementado de forma notable la burocratización, que podría haberse evitado en gran medida con el previo desarrollo del expediente digital, y creando retrasos en un partido judicial que contaba con una justicia ágil y eficaz».
Esta asociación denuncia, asimismo, el hecho de que se haya «apartado a los jueces y magistrados de la implementación de la nueva oficina». De hecho, según aseguran, «han sido relegados pese a que la Oficina Judicial existe precisamente para dar apoyo a la función judicial que aquéllos encarnan». Además, afirman que siempre «han mostrado su disponibilidad» para colaborar «lealmente en el éxito de esta reforma».
Por tanto, la sección territorial de la APM se desmarca de las consecuencias que estas disfunciones puedan producir ante la forma en que se está desarrollando esta necesaria reforma. La responsabilidad «no podrá ser achacada a los Jueces, Magistrados y Magistradas, omitidos en este proceso», señalan.
A la vista de estas disfunciones, la APM solicita del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una implicación real y decidida en esta reforma, que impida el desapoderamiento del Poder Judicial que parece estar llevándose a cabo. Y también se dirige al Ministerio de Justicia para que suspenda la inminente puesta en funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial en otros Partidos Judiciales, y en el caso de Castilla y León en el de León, mientras no se solucionen de manera efectiva los problemas y descoordinaciones que se están produciendo en la Oficina Judicial de Burgos.
El comunicado de los jueces de la APM se produce dos días después de las protestas de los funcionarios, que el pasado miércoles se concentraron frente al edificio de los nuevos juzgados -en Reyes Católicos- para denunciar que desde el 10 de noviembre no se había tramitado un solo nuevo asunto. Afirmaban también que el nuevo modelo organizativo está produciendo un tapón en la Administración de Justicia «que algún día reventará».
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