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martes, 2 de abril de 2013

El Gobierno cambia el modelo de administración de Justicia de manera encubierta

CSIF      JUSTICIA      INFORMA

El Gobierno cambia el modelo de administración de Justicia de manera encubierta

 

CSIF denuncia la ridícula e insuficiente OEP que deja a la Administración en una situación "bajo mínimos" que agravará, sin duda, el efecto de los recortes en los ciudadanos y a su costa.

A este hachazo a la OEP se une la dejación de funciones de alguna Comunidad autónoma que ni siquiera sacará plazas de Gestión.

El caso es especialmente grave en la Administración de Justicia sobre todo por cuanto existía un acuerdo cerrado entre función pública y Justicia para sacar 1164 plazas para TODOS los cuerpos generales hasta la intervención del Ministro Montoro que dejó la OEP en 300 plazas y sólo para los cuerpos de Secretarios y de Gestión. 

 

Pero las consecuencias de esta reducción puede ser más grave si se extiende la renuncia del País Vasco a ofertar las 15 plazas de Gestión que tenía previstas. Así, el País Vasco se une a otras CCAA que abandonan su responsabilidad de mantener el servicio público de la Administración de Justicia. ¿Para qué narices quieren competencias si luego no las ejercen?.

 

Tras la publicación de la OEP de 2013, el reparto de plazas era como sigue: (se incluyen los dos sistemas de acceso- libre y promoción y los turnos de discapacitados)

 

Secretarios Judiciales: 58 plazas

 

Gestión: 242 plazas

Territorio Ministerio 20 plazas                       Andalucía 24 plazas

Canarias 18 plazas                                        Cataluña 88 plazas

Madrid 53 plazas                                           Valencia 24 plazas

Euskadi ¿15 plazas?

 

Tras la decisión del País Vasco, cabe preguntarse sobre el destino de una OEP 2013 que va camino de la extinción por la dejación de funciones, por abandono puro y duro, del Gobierno central como de las autonomías.

 

CSIF ha exigido al Ministerio de Justicia y al de Hacienda que se comprometan con el servicio público de la Administración de Justicia, que se respeten los acuerdos alcanzados  y, en consecuencia, que se convoquen las 1164 plazas previstas para cuerpos generales. Asimismo, ha exigido que se oferten plazas de cuerpos especiales que incluyen a los Médicos forenses y a los cuerpos que prestan servicios en el INTCF.

 

Además, CSIF denuncia que el Gobierno está cambiando el modelo de administración de manera encubierta ya que, en paralelo con la congelación de la OEP, se está produciendo una progresiva entrada de la "iniciativa" privada en el ejercicio de tareas y funciones hasta ahora reservadas a empleados públicos. 

 

La actitud genuflexa ante el recorte de la OEP 2013 de un Gallardón, más preocupado por imponer recortes a los funcionarios de justicia o con privatizar el Registro civil o los actos de ejecución que de asegurar la dotación suficiente de medios a la Administración de Justicia, sólo hace sino confirmar esa intención oscura de cambiar el modelo de Administración de Justicia en beneficio de unos pocos y en perjuicio claro de todos los ciudadanos. 

 

Primero, se asfixia a la Administración de Justicia y luego se deja en manos de los "salvadores" pertenecientes lobbys cercanos al gobierno.

 

Ejemplos claros de esta reforma en la Administración de Justicia son: 

 

·         El proyecto de reforma del Registro civil que se va a regalar a los colegas de profesión del Presidente del Gobierno sustrayendo estas funciones a los cuerpos de funcionarios de Justicia. Algo que afecta a todos, tanto a los destinados en los Registros civiles como al resto, a través de la reordenación de titulares o el despido de interinos. 

·         El Gobierno miente cuando generaliza diciendo que los españoles abusamos de la Justicia. La ley de tasas que constituye al Estado en el principal obstáculo para que los ciudadanos ejerzan sus derechos fundamentales contraviniendo así la Constitución en su artículo 9.3. Una ley de tasas cuya tramitación se podría calificar de antología del disparate que ha sido sometida a maquillaje en apenas dos meses y que por dos ocasiones no ha venido acompañada de los formularios necesarios para realizar el pago dejando al gobierno en el más absoluto de los ridículos.

·         La privatización, recogida en la reforma de la LOPJ y tras lo sucedido con los actos de comunicación, de la mayor parte de la ejecución que se va a entregar a los Procuradores que actuarán con carácter de agente de la autoridad (siendo particulares) bajo la supervisión del Secretario Judicial, convirtiéndoles en pseudo funcionarios sin haber pasado por proceso selectivo alguno.

·         De una forma más sutil, la construcción de una falsa división entre la función en manos del Cuerpo de Secretarios Judiciales y la ejecución de la función para el resto de funcionarios. Esta división artificial vacía de contenido los Cuerpos de Gestión y de Tramitación devaluando sus funciones e impidiendo el acceso al reconocimiento laboral y retributivo del trabajo que efectivamente realizan tratando a sus miembros como menores de edad incapaces de hacerse responsables de su trabajo.

Si alguien piensa que todo esto no le afecta... se equivoca

 

CSIF defiende lo público como la mejor garantía del respeto de los derechos de los ciudadanos y, con más razón lo hacemos en la Administración de Justicia, dado que en esta administración es, precisamente, donde se sustancian los más importantes de esos derechos. 

 

CSIF sigue apostando por la modernización de la Administración de Justicia  pero siempre tomando como eje de esa modernización a los cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de empleados públicos. 

 

NO ES CIERTO QUE LA PRIVATIZACIÓN SEA LA ÚNICA ALTERNATIVA COMO PRETENDE VENDER EL GOBIERNO A LOS CIUDADANOS

 

EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ES LA NULA VOLUNTAD DEL PODER POLÍTICO DE QUE FUNCIONE


NOTA INFORMATIVA

SALUDOS

PRIMERA FUERZA SINDICAL EN JUSTICIA A NIVEL NACIONAL


CSI  Defendiendo lo público

Central Sindical Independiente y de Funcionarios    Sector  Justicia   

c/ Fernando el Santo, nº 17, 2ª 28010 MADRID Teléfono: 91 567 44 69 y 91 567 59 91  web: www.csi-f.es/justicia correo electrónico: justicia@csi-f.es

 

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