MADRID: A ver quien se come este donut o El final del Campus de la Justicia

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03 de septiembre de 2014. 10:33hPablo Gómez.  Madrid.

Un imponente edificio con forma de esfera, conocido popularmente como «el donut», se alza en mitad de Valdebebas en una de las muchas parcelas por edificar de este barrio.
Estaba destinado a ser uno de los 15 inmuebles de la futura Ciudad de la Justicia, pero la crisis y la obligación de todas las comunidades de reordenar su sector público para lograr un adelgazamiento de la Administración autonómica han hecho imposible la cristalización del proyecto. Una década después de que el proyecto echara a andar –en marzo de 2003– la Comunidad ha llevado a cabo la disolución de la empresa pública Campus de la Justicia Sociedad Anónima.
Se cumple así el último trámite administrativo para cerrar esta sociedad mercantil participada al cien por cien por la Comunidad de Madrid. Actualmente la sociedad, que ya no contaba con ningún trabajador, se encontraba en proceso de liquidación.

El proyecto inicial – cuyo impacto se llegó a situar en los 500 millones de euros – contemplaba integrar en esta «ciudad» todos los órganos relacionados con la Administración de Justicia cuya sede se encuentra actualmente en la región: el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial; la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia; los juzgados de Primera Instancia, Instrucción, Vigilancia Penitenciaria, Menores, de los Contencioso-Administrativo y de lo Social; el Instituto Anatómico Forense y la Clínica Médico Forense de Madrid y el Registro Civil.
Además, el campus preveía destinar 20.000 metros cuadrados para la Audiencia Nacional. Para la financiación de las infraestructuras judiciales, la gestión de las obras y su posterior puesta en marcha el Consejo de Gobierno dio luz verde a la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid S. A. en diciembre de 2004. Se optó entonces por esta vía tal y como ya se había realizado con éxito con la creación de otra empresa pública para la ampliación de la red de Metro o con la remodelación de la M-30 al crear la empresa Madrid Calle 30.

Sin embargo, el estallido de la crisis torció los planes del Ejecutivo regional. En 2008, se planteó la necesidad de buscar otras alternativas al plan de financiación inicial para poder seguir con este proyecto. Tal y como avanzó entonces este diario, una de ellas pasaba por importar al Campus el sistema que se utilizó en los hospitales inaugurados en la anterior legislatura. Un modelo de concesiones de obra pública basado en la adjudicación de la construcción y gestión de los servicios no sanitarios a una empresa privada del hospital, mientras que la Consejería de Sanidad aporta los médicos y enfermeros y sólo paga un alquiler a la empresa por el uso del edificio y servicios auxiliares durante 30 años prorrogables. Sin embargo, este proyecto de intentar reflotar el «campus de la Justicia» con un modelo «low cost» tampoco ha tenido continuidad en el tiempo. Desde el Gobierno regional se ha insistido en los últimos años que sí es prioritario reagrupar las sedes judiciales, pero se ha descartado que ello se vaya a llevar a cabo a mediante la construcción de nuevas sedes. No en vano, desde el comienzo de la crisis el Ejecutivo autonómico ha querido priorizar en sus presupuestos el gasto social –9 de cada 10 euros están destinados a los departamentos de Sanidad, Educación, Asuntos Sociales y Transportes– en detrimento de las inversiones en grandes infraestructuras.

De esta forma, y a la espera de que en un escenario más propicio para reanudar el proyecto de unificar las sedes judiciales, lo que la Comunidad se ha planteado en estos años es dar algún tipo de uso al único edificio ya levantado a través de un alquiler. En 2010, la embajada de Estados Unidos llegó a manifestar su interés por trasladarse desde su actual emplazamiento en la calle Serrano, aunque finalmente no se concretó el acuerdo.

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